La condena a los miembros del gabinete ministerial que acompañaron a Alberto Fujimori en el autogolpe del 5 de abril de 1992, y que, a diferencia de Alfonso de los Heros y de Gustavo Gonzales, decidieron permanecer en el mismo a pesar de la ruptura del orden constitucional, ha reabierto, más de tres lustros después, el debate sobre las razones de fondo en dicha decisión. Los argumentos en contra de la condena judicial incluyen, por un lado, a los defensores del general Juan Briones, quien recibió una pena mayor que la de sus colegas por considerarse que su participación en el golpe fue más directa.
El vicepresidente Luis Giampietri -cuya participación en un gobierno supuestamente democrático desentona cada día más- encabeza esta posición, y reclama que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean tratados como ciudadanos de 'segunda categoría'.
Del otro lado, están los que toman el toro por las astas y defienden el autogolpe como un hecho que habría sido necesario para enfrentar los graves problemas que el país vivía en 1992: una situación económica muy débil como consecuencia del mal manejo de los años ochenta pero, principalmente, un terrorismo creciente.
Desde dicho punto de vista, la 'disolución' del Congreso era un paso indispensable para que el gobierno no fuera trabado y tuviera las herramientas para enfrentar ambos fenómenos.
Este argumento es, sin duda, falso. El Congreso de 1992 no significaba, en modo alguno, un obstáculo para dichos objetivos, más allá de la discrepancia que es normal en toda democracia. Incluso, pocos meses antes, le había aprobado al Ejecutivo una solicitud para legislar sobre un paquete bastante amplio. Hoy es evidente que el autogolpe fue una coartada para la corrupción más profunda que se ha registrado en el país
El vicepresidente Luis Giampietri -cuya participación en un gobierno supuestamente democrático desentona cada día más- encabeza esta posición, y reclama que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean tratados como ciudadanos de 'segunda categoría'.
Del otro lado, están los que toman el toro por las astas y defienden el autogolpe como un hecho que habría sido necesario para enfrentar los graves problemas que el país vivía en 1992: una situación económica muy débil como consecuencia del mal manejo de los años ochenta pero, principalmente, un terrorismo creciente.
Desde dicho punto de vista, la 'disolución' del Congreso era un paso indispensable para que el gobierno no fuera trabado y tuviera las herramientas para enfrentar ambos fenómenos.
Este argumento es, sin duda, falso. El Congreso de 1992 no significaba, en modo alguno, un obstáculo para dichos objetivos, más allá de la discrepancia que es normal en toda democracia. Incluso, pocos meses antes, le había aprobado al Ejecutivo una solicitud para legislar sobre un paquete bastante amplio. Hoy es evidente que el autogolpe fue una coartada para la corrupción más profunda que se ha registrado en el país
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